¡¡¡Las ejecuciones extrajudiciales
Están a la orden del día en Venezuela!!!
Los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales han manifestado “los ciudadanos somos víctimas de los cuerpos policiales, el estado se escuda detrás de la Ley y los funcionarios incurren en delitos prestándose para todo tipo de atropellos, lo digo con toda responsabilidad como víctima y como familiar de las víctimas, he perdido a mi hijo y unos sobrinos en el caso que se presentó en “El Tigre” Estado Anzoátegui en el año 2001, señalado como el caso de la masacre del barrio cincuentenario, donde tres jóvenes estudiantes, entre ello mi hijo, estudiante de ingeniería electrónica, 20 años de edad”
Así se desprende de las palabras manifestadas por la Ciudadana Melquíades Moreno ante la Fiscalía General de la República, al presentarse a denunciar conjuntamente con otros ciudadanos víctimas también en el Estado Anzoátegui donde la impunidad es la más inequívoca expresión en más de 450 casos de ejecuciones extrajudiciales a partir de año 2000.
Para nadie es un secreto que la Fiscalía 19 del Estado Anzoátegui es la encargada de la mayoría de los casos de violación a los DDHH y de acuerdo al Informe Anual del Ministerio Público son 674 casos desde enero del año 2000 hasta noviembre del año 2007.
En tal sentido, solicitan los familiares de las víctimas que debe activarse el trabajo de la Fiscalía 68 con competencia Nacional, ya que fue designada para las investigaciones de esos casos en la región y hasta la presente fecha no ha cumplido su responsabilidad institucional.
A decir de la ciudadana Melquíades Moreno, progenitora de Rafael Leonardo Villarroel estudiante de ingeniería electrónica, a quien se le violó el derecho a la vida, “mientras que permitamos que la impunidad siga tomando cuerpo, estas violaciones a los DDHH se volverán a repetir sistemáticamente, el caso de mi hijo se mantiene impune como otros casos en Anzoátegui. En múltiples oportunidades hemos acudido por ante la Fiscalía y no nos dan respuesta satisfactoria, lo que anhelamos es la Fiscal General de la Nación Dra. Luisa Ortega Díaz no de una audiencia. El grupo de familiares de las víctimas que nos hemos nucleado en torno a un Comité y muchas otras personas a quienes se les ha violentado sus derechos humanos exigimos justicia”
Gabriela Fajardo, madre de Luís Gregorio Ojeda Fajardo quien fuera ejecutado extrajudicialmente, también manifestó: “Continuamos luchando porque se haga justicia, en Anzoátegui los policías que han sido culpabilizados y han sido condenados aún está laborando en las mismas policías. No pagan por sus crímenes y los familiares de las víctimas somos sujetos de amenaza constante por ellos, estamos atemorizados.”
El 29 de abril de 2009 los familiares de las víctimas denunciaron ante la Comisión de Política Interior y Justicia de la Asamblea Nacional, la grave situación de impunidad que rodea estos casos en el estado Anzoátegui y solicitaron la designación de una comisión para abordar la investigación de esos casos; prometieron los diputados solicitar la intervención de las policías para determinar las responsabilidades respectivas.
En el Estado Anzoátegui entre octubre de 2007 y septiembre de 2008 la ONG PROVEA contabilizó 247 casos de violaciones al derecho a la vida y las ejecuciones extrajudiciales concentran el mayor número de fallecimientos con 80,85% de las víctimas.
Cabe destacar que PROVEA obtuvo detallada información de 231 víctimas, revelando estos datos que 96,30% de las víctimas son hombres, en 82% de las víctimas eran menores de 30 años de edad.
Por otro lado, la mayor incidencia de casos se observa en el Estado Anzoátegui con 20,65% de los casos, seguido por el Estado Lara con 19,43%, luego el Distrito Capital con 14,71%. En los últimos lugares, se ubicaron los Estados Zulia y Miranda con 9,72% y 6,07% respectivamente.
De acuerdo al Informe del Ministerio Público del año 2007, en el Estado Anzoátegui se ha registrado un total de 731 víctimas de ajusticiamiento desde enero de 2000 hasta noviembre de 2007, donde 1.597 funcionarios policiales se encuentran involucrados. La Fiscalía solo ha imputado a 306 funcionarios y ha acusado a otros 103.
Por otro lado, los ataques contra defensores de derechos humanos se han desarrollado desde diferentes perspectivas. La legítima labor de los defensores dirigida a denunciar diversos abusos ha provocado que el Gobierno en sus distintas expresiones, busquen acallarnos por distintos medios. La extrema expresión militarista y autoritaria del régimen ha determinado que los distintos sectores políticos que le son afectos intenten desacreditar las acciones de algunos grupos de derechos humanos o de personas que abogamos por la justicia y la verdad. Por ello, algunos defensores han sido víctimas de campañas de desprestigio por parte de personas que ostentan cargos públicos.
Los actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos u organizaciones de derechos humanos a veces han llegado hasta ataques contra la integridad física de los defensores, sin embargo, también se han verificado una serie casos en los cuales los defensores han sido objeto de mecanismos difusos de intimidación gubernamental, mediante amenazas veladas que se hacen perceptibles a través de hechos aparentemente insignificantes que alteran la cotidianeidad y que son percibidos como irregulares o extraños por la persona intimada, colocando a la misma en aviso de que esta siendo vigilada. Un mecanismo de amedrentamiento que puede ilustrar esta situación es la realización de amenazas y visitas por parte personas no identificadas a las inmediaciones de las instalaciones donde los defensores desempeñan su labor. Concretamente, esta situación se presentó en la Sede Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, mediante la presencia de personas vinculadas directamente con el Gobierno. Curiosamente, estos hechos han ocurrido luego del trabajo de las ONGs con refugiados.
La organización no gubernamental, Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de Febrero-Marzo de 1986 (COFAVIC) ha recibido durante el año 2002 amenazas de muerte en forma continua dirigidas a distintos miembros de la organización, como también han sido objeto de actos de amedrentamientos con el fin de que cesen en su trabajo, especialmente en lo referente a las actuaciones realizadas por dicha organización en relación con el accionar de los grupos de exterminio y los sucesos de abril de 2002. Los actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos también han estado seguidos de abordajes callejeros por personas afectas al régimen que les reclaman sus acciones ante el sistema interamericano o por persecuciones y ataques contra su integridad física, como ha sido el caso de Luis Uzcátegui, quien se ha dedicado a reunir a familiares de presuntas víctimas de grupos de exterminio en el Estado Falcón y quien a su vez es hermano de Néstor Uzcátegui, asesinado por presuntos grupos parapoliciales en dicho estado. El 27 de noviembre de 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a favor de los integrantes de COFAVIC y del señor Uzcátegui para la protección de la vida e integridad personal de cada uno de ellos.
Otro caso gravemente preocupante es el asesinato del activista de derechos humanos, señor Jorge Nieves, ocurrido el 26 de abril de 2003 en el Guasdualito, Estado de Apure. El Sr. Nieves fue el Fundador del Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Municipio Paéz del mencionado Estado. La Organización nacional Foro por la Vida señala que este asesinato se inserta en un contexto de violencia desatado en la región, en la que han muerto más de 50 personas desde el mes de diciembre de 2002
Entre otros casos, se encuentran los asesinatos de Armando Douglas García y Carlos Román Parra, dirigentes agrarios del Movimiento Quinta República, ocurridos en Maracaibo, Estado Zulia, el 20 de septiembre de 2002; la agresión sufrida por Estrella Castellanos, dirigente de la Asociación Civil Mujeres por la Libertad, quien fuera secuestrada el 30 de septiembre del mismo año y posteriormente abandonada; la muerte del dirigente Luis Alberto Alcalá, coordinador de medios y propaganda de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República, ocurrida el 25 de septiembre de 2002. La mayoría de estos ataques permanecen en la impunidad.
Finalmente, condenamos el asesinato de que fue objeto el abogado Joe Luis Castillo Gonzáles, ex coordinador de la Oficina de Derechos humanos del Vicariato de Machiques, quien se desempeñaba como activista de derechos humanos en defensa de las comunidades indígenas Yukpa y Bari en la sierra de Perijá, así como de los refugiados en la zona fronteriza. El señor Castillo Gonzales fue asesinado el 27 de agosto de 2003 en la urbanización de Tinaquillo de Machiques en el Estado de Zulia, zona fronteriza del Estado, en circunstancias aún no esclarecidas. De acuerdo a la información recolectada, Castillo se encontraba en su automóvil en compañía de su esposa y de su hijo cuando dos sujetos a bordo de una moto efectuaron 13 disparos. Castillo murió por el impacto de 9 balas y su esposa e hijo resultaron heridos.
Frente a este estado de violación a los DDHH, que de manera sistemática se han venido cometiendo contra la ciudadanía, la opción que nos queda a los defensores de DDHH, ONGs., Partidos Políticos, Medios, Gremios Universitarios, Estudiantes, Sindicatos, Iglesias, Personalidades, Consejos Comunales, Dirigentes Políticos sin militancia, Dirigentes Sociales, Cámara de Comercio, Cámara de Ganaderos, Universidades; es la de articularnos en una plataforma de luchas alternativa y ejercer el uso del derecho alternativo.
¡Hacia la conmemoración del LXI Aniversario de la Declaración Universal de los DDHH 10 Dic 2009 sin Presos Políticos en Venezuela!
José Araque
Comisión Nacional de DDHH
Bandera Roja
E-mail: derechoshumanosbr1@gmail.com
Gracias por participar en VidaLatina.
Quisieras enviarnos algunas sugerencias de personajes para entrevistar?
Algunos temas que quisieras proponer en la programación de este espacio de la TV Comunitaria en Boston?
Muy agradecidas por tu participación.
Comentario (3 comentarios)
Necesitas ser un miembro de Vida Latina para añadir comentarios!
Participa en esta red social
Están a la orden del día en Venezuela!!!
Los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales han manifestado “los ciudadanos somos víctimas de los cuerpos policiales, el estado se escuda detrás de la Ley y los funcionarios incurren en delitos prestándose para todo tipo de atropellos, lo digo con toda responsabilidad como víctima y como familiar de las víctimas, he perdido a mi hijo y unos sobrinos en el caso que se presentó en “El Tigre” Estado Anzoátegui en el año 2001, señalado como el caso de la masacre del barrio cincuentenario, donde tres jóvenes estudiantes, entre ello mi hijo, estudiante de ingeniería electrónica, 20 años de edad”
Así se desprende de las palabras manifestadas por la Ciudadana Melquíades Moreno ante la Fiscalía General de la República, al presentarse a denunciar conjuntamente con otros ciudadanos víctimas también en el Estado Anzoátegui donde la impunidad es la más inequívoca expresión en más de 450 casos de ejecuciones extrajudiciales a partir de año 2000.
Para nadie es un secreto que la Fiscalía 19 del Estado Anzoátegui es la encargada de la mayoría de los casos de violación a los DDHH y de acuerdo al Informe Anual del Ministerio Público son 674 casos desde enero del año 2000 hasta noviembre del año 2007.
En tal sentido, solicitan los familiares de las víctimas que debe activarse el trabajo de la Fiscalía 68 con competencia Nacional, ya que fue designada para las investigaciones de esos casos en la región y hasta la presente fecha no ha cumplido su responsabilidad institucional.
A decir de la ciudadana Melquíades Moreno, progenitora de Rafael Leonardo Villarroel estudiante de ingeniería electrónica, a quien se le violó el derecho a la vida, “mientras que permitamos que la impunidad siga tomando cuerpo, estas violaciones a los DDHH se volverán a repetir sistemáticamente, el caso de mi hijo se mantiene impune como otros casos en Anzoátegui. En múltiples oportunidades hemos acudido por ante la Fiscalía y no nos dan respuesta satisfactoria, lo que anhelamos es la Fiscal General de la Nación Dra. Luisa Ortega Díaz no de una audiencia. El grupo de familiares de las víctimas que nos hemos nucleado en torno a un Comité y muchas otras personas a quienes se les ha violentado sus derechos humanos exigimos justicia”
Gabriela Fajardo, madre de Luís Gregorio Ojeda Fajardo quien fuera ejecutado extrajudicialmente, también manifestó: “Continuamos luchando porque se haga justicia, en Anzoátegui los policías que han sido culpabilizados y han sido condenados aún está laborando en las mismas policías. No pagan por sus crímenes y los familiares de las víctimas somos sujetos de amenaza constante por ellos, estamos atemorizados.”
El 29 de abril de 2009 los familiares de las víctimas denunciaron ante la Comisión de Política Interior y Justicia de la Asamblea Nacional, la grave situación de impunidad que rodea estos casos en el estado Anzoátegui y solicitaron la designación de una comisión para abordar la investigación de esos casos; prometieron los diputados solicitar la intervención de las policías para determinar las responsabilidades respectivas.
En el Estado Anzoátegui entre octubre de 2007 y septiembre de 2008 la ONG PROVEA contabilizó 247 casos de violaciones al derecho a la vida y las ejecuciones extrajudiciales concentran el mayor número de fallecimientos con 80,85% de las víctimas.
Cabe destacar que PROVEA obtuvo detallada información de 231 víctimas, revelando estos datos que 96,30% de las víctimas son hombres, en 82% de las víctimas eran menores de 30 años de edad.
Por otro lado, la mayor incidencia de casos se observa en el Estado Anzoátegui con 20,65% de los casos, seguido por el Estado Lara con 19,43%, luego el Distrito Capital con 14,71%. En los últimos lugares, se ubicaron los Estados Zulia y Miranda con 9,72% y 6,07% respectivamente.
De acuerdo al Informe del Ministerio Público del año 2007, en el Estado Anzoátegui se ha registrado un total de 731 víctimas de ajusticiamiento desde enero de 2000 hasta noviembre de 2007, donde 1.597 funcionarios policiales se encuentran involucrados. La Fiscalía solo ha imputado a 306 funcionarios y ha acusado a otros 103.
Por otro lado, los ataques contra defensores de derechos humanos se han desarrollado desde diferentes perspectivas. La legítima labor de los defensores dirigida a denunciar diversos abusos ha provocado que el Gobierno en sus distintas expresiones, busquen acallarnos por distintos medios. La extrema expresión militarista y autoritaria del régimen ha determinado que los distintos sectores políticos que le son afectos intenten desacreditar las acciones de algunos grupos de derechos humanos o de personas que abogamos por la justicia y la verdad. Por ello, algunos defensores han sido víctimas de campañas de desprestigio por parte de personas que ostentan cargos públicos.
Los actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos u organizaciones de derechos humanos a veces han llegado hasta ataques contra la integridad física de los defensores, sin embargo, también se han verificado una serie casos en los cuales los defensores han sido objeto de mecanismos difusos de intimidación gubernamental, mediante amenazas veladas que se hacen perceptibles a través de hechos aparentemente insignificantes que alteran la cotidianeidad y que son percibidos como irregulares o extraños por la persona intimada, colocando a la misma en aviso de que esta siendo vigilada. Un mecanismo de amedrentamiento que puede ilustrar esta situación es la realización de amenazas y visitas por parte personas no identificadas a las inmediaciones de las instalaciones donde los defensores desempeñan su labor. Concretamente, esta situación se presentó en la Sede Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, mediante la presencia de personas vinculadas directamente con el Gobierno. Curiosamente, estos hechos han ocurrido luego del trabajo de las ONGs con refugiados.
La organización no gubernamental, Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de Febrero-Marzo de 1986 (COFAVIC) ha recibido durante el año 2002 amenazas de muerte en forma continua dirigidas a distintos miembros de la organización, como también han sido objeto de actos de amedrentamientos con el fin de que cesen en su trabajo, especialmente en lo referente a las actuaciones realizadas por dicha organización en relación con el accionar de los grupos de exterminio y los sucesos de abril de 2002. Los actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos también han estado seguidos de abordajes callejeros por personas afectas al régimen que les reclaman sus acciones ante el sistema interamericano o por persecuciones y ataques contra su integridad física, como ha sido el caso de Luis Uzcátegui, quien se ha dedicado a reunir a familiares de presuntas víctimas de grupos de exterminio en el Estado Falcón y quien a su vez es hermano de Néstor Uzcátegui, asesinado por presuntos grupos parapoliciales en dicho estado. El 27 de noviembre de 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a favor de los integrantes de COFAVIC y del señor Uzcátegui para la protección de la vida e integridad personal de cada uno de ellos.
Otro caso gravemente preocupante es el asesinato del activista de derechos humanos, señor Jorge Nieves, ocurrido el 26 de abril de 2003 en el Guasdualito, Estado de Apure. El Sr. Nieves fue el Fundador del Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Municipio Paéz del mencionado Estado. La Organización nacional Foro por la Vida señala que este asesinato se inserta en un contexto de violencia desatado en la región, en la que han muerto más de 50 personas desde el mes de diciembre de 2002
Entre otros casos, se encuentran los asesinatos de Armando Douglas García y Carlos Román Parra, dirigentes agrarios del Movimiento Quinta República, ocurridos en Maracaibo, Estado Zulia, el 20 de septiembre de 2002; la agresión sufrida por Estrella Castellanos, dirigente de la Asociación Civil Mujeres por la Libertad, quien fuera secuestrada el 30 de septiembre del mismo año y posteriormente abandonada; la muerte del dirigente Luis Alberto Alcalá, coordinador de medios y propaganda de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República, ocurrida el 25 de septiembre de 2002. La mayoría de estos ataques permanecen en la impunidad.
Finalmente, condenamos el asesinato de que fue objeto el abogado Joe Luis Castillo Gonzáles, ex coordinador de la Oficina de Derechos humanos del Vicariato de Machiques, quien se desempeñaba como activista de derechos humanos en defensa de las comunidades indígenas Yukpa y Bari en la sierra de Perijá, así como de los refugiados en la zona fronteriza. El señor Castillo Gonzales fue asesinado el 27 de agosto de 2003 en la urbanización de Tinaquillo de Machiques en el Estado de Zulia, zona fronteriza del Estado, en circunstancias aún no esclarecidas. De acuerdo a la información recolectada, Castillo se encontraba en su automóvil en compañía de su esposa y de su hijo cuando dos sujetos a bordo de una moto efectuaron 13 disparos. Castillo murió por el impacto de 9 balas y su esposa e hijo resultaron heridos.
Frente a este estado de violación a los DDHH, que de manera sistemática se han venido cometiendo contra la ciudadanía, la opción que nos queda a los defensores de DDHH, ONGs., Partidos Políticos, Medios, Gremios Universitarios, Estudiantes, Sindicatos, Iglesias, Personalidades, Consejos Comunales, Dirigentes Políticos sin militancia, Dirigentes Sociales, Cámara de Comercio, Cámara de Ganaderos, Universidades; es la de articularnos en una plataforma de luchas alternativa y ejercer el uso del derecho alternativo.
¡Hacia la conmemoración del LXI Aniversario de la Declaración Universal de los DDHH 10 Dic 2009 sin Presos Políticos en Venezuela!
José Araque
Comisión Nacional de DDHH
Bandera Roja
E-mail: derechoshumanosbr1@gmail.com
Quisieras proponer algún tema en especial para este programa?
Que te parece debamos abordar sobre Venezuela?
Gracias.
VL
Quisieras enviarnos algunas sugerencias de personajes para entrevistar?
Algunos temas que quisieras proponer en la programación de este espacio de la TV Comunitaria en Boston?
Muy agradecidas por tu participación.